Casi tres cuartas partes de los españoles vivimos en
ciudades. La actividad ligada al transporte de mercancías en zona urbana es
absolutamente necesaria para el buen funcionamiento de comercios,
abastecimientos, servicios y casi toda la actividad económica en su conjunto. Sin embargo, también genera congestión, consumo de
espacio, ruido y contaminación (supone el 50% del consumo de combustible en las
ciudades y el 35% de las emisiones de CO2 y partículas). Problemas que nos
preocupan profundamente en la España urbana.
A pesar de ello, para las administraciones públicas y para las empresas de consultoría dedicadas a la planificación y gestión de la movilidad urbana, la distribución de mercancías ha sido siempre la gran olvidada. Esto es debido, en parte, a la atomización de los actores implicados, a la dificultad para recolectar datos que ayuden a realizar un diagnóstico realista y, por qué no decirlo, también en parte a la limitada especialización en el tema logístico de los técnicos de movilidad tradicionales. Esto ha llevado en bastantes casos a propuestas inadecuadas o poco realistas que, si bien tienen una buena intención, carecen de realismo en sus planteamientos y expectativas, al prometer algo que no se va a poder cumplir.
A pesar de ello, para las administraciones públicas y para las empresas de consultoría dedicadas a la planificación y gestión de la movilidad urbana, la distribución de mercancías ha sido siempre la gran olvidada. Esto es debido, en parte, a la atomización de los actores implicados, a la dificultad para recolectar datos que ayuden a realizar un diagnóstico realista y, por qué no decirlo, también en parte a la limitada especialización en el tema logístico de los técnicos de movilidad tradicionales. Esto ha llevado en bastantes casos a propuestas inadecuadas o poco realistas que, si bien tienen una buena intención, carecen de realismo en sus planteamientos y expectativas, al prometer algo que no se va a poder cumplir.
Uno de los últimos ejemplos se
puso de manifiesto en el
estudio Definición operativa de la
Distribución Urbana de Mercancías
en la ciudad de Madrid, en el cual se da un plazo de sólo un
año y medio para que las empresas
de logística y paquetería afronten
la renovación de casi el 40% de su
flota de vehículos para circular por
la zona centro. Además, en 2020 se
tendrá que haber renovado el 85%
de la flota de vehículos existente para
poder repartir en la almendra central
de la ciudad y eso es inviable.
Como se puede apreciar hace falta plantear un calendario realista, que permita que la medida se cumpla en tiempo y forma. Mientras no sea así, de poco o nada servirá, pues un objetivo demasiado ambicioso para limitar las externalidades negativas del transporte urbano de mercancías, con unos plazos que son imposibles de cumplir o llegando a comprometer la eficiencia y la productividad del mismo, puede malbaratar el plan. Además, sería más que interesante que se buscaran fórmulas para armonizar legislativamente todos los municipios y así generar un clima de seguridad jurídica estable, la coordinación entre administraciones para generar una infraestructura de recarga pública de energías limpias y de ayudas a la sustitución de la flota (debe ser una prioridad el establecimiento de una red de recarga de vehículos eléctricos y suministro de combustibles alternativos, previa a la implementación de un calendario de restricciones o la renovación del parque circulante) o, incluso, la adopción de una perspectiva más amplia sobre las cadenas de suministro, que incluyera las ciudades no como nodos aislados, sino dentro de las redes de transporte. Esto último supondría la creación de redes supramunicipales de espacios de almacenaje y de manipulación de las mercancías: consignas, centros de consolidación en las proximidades de las ciudades en los cuales los productos puedan transferirse a vehículos respetuosos con el medio ambiente, microplataformas que puedan ser aprovechadas por los distintos operadores para la distribución de última milla, etc, permitiendo una mejor gestión de la distribución de mercancías.
En definitiva, lo que se propone es que las administraciones públicas dinamicen una eventual “mutualización” entre los operadores de transporte urbano de mercancías. Además, la reducción de las distancias a recorrer desde las instalaciones propuestas hasta los puntos de entrega final puede hacer más atractivo el reparto de pequeñas mercancías, paquetería y correo en vehículos pequeños como los Kavalir de la ciudad de Liubliana (Eslovenia) e incluso, como propone la campaña de la Unión Europea Cyclelogistics, en cargobikes convencionales o con asistencia eléctrica al pedaleo. Este tipo de transporte cuenta, además, con la ventaja de poder acceder a lugares a los que otros vehículos de reparto normalmente no pueden acceder por su volumen, abaratando así el coste de la última milla, que es la etapa más costosa, al representar el 20% del coste total de transporte desde origen a destino.
Este planteamiento se enfrenta, sin embargo, a dos barreras. La primera es mental, puesto que la división entre la planificación urbana y la territorial se han separado de tal forma que resulta complicado dar con soluciones que sean razonables en la escala territorial y, a la vez, capilares y suficientemente respetuosas con la idea de que en las ciudades deben primar los usos menos agresivos con sus habitantes.
Como se puede apreciar hace falta plantear un calendario realista, que permita que la medida se cumpla en tiempo y forma. Mientras no sea así, de poco o nada servirá, pues un objetivo demasiado ambicioso para limitar las externalidades negativas del transporte urbano de mercancías, con unos plazos que son imposibles de cumplir o llegando a comprometer la eficiencia y la productividad del mismo, puede malbaratar el plan. Además, sería más que interesante que se buscaran fórmulas para armonizar legislativamente todos los municipios y así generar un clima de seguridad jurídica estable, la coordinación entre administraciones para generar una infraestructura de recarga pública de energías limpias y de ayudas a la sustitución de la flota (debe ser una prioridad el establecimiento de una red de recarga de vehículos eléctricos y suministro de combustibles alternativos, previa a la implementación de un calendario de restricciones o la renovación del parque circulante) o, incluso, la adopción de una perspectiva más amplia sobre las cadenas de suministro, que incluyera las ciudades no como nodos aislados, sino dentro de las redes de transporte. Esto último supondría la creación de redes supramunicipales de espacios de almacenaje y de manipulación de las mercancías: consignas, centros de consolidación en las proximidades de las ciudades en los cuales los productos puedan transferirse a vehículos respetuosos con el medio ambiente, microplataformas que puedan ser aprovechadas por los distintos operadores para la distribución de última milla, etc, permitiendo una mejor gestión de la distribución de mercancías.
En definitiva, lo que se propone es que las administraciones públicas dinamicen una eventual “mutualización” entre los operadores de transporte urbano de mercancías. Además, la reducción de las distancias a recorrer desde las instalaciones propuestas hasta los puntos de entrega final puede hacer más atractivo el reparto de pequeñas mercancías, paquetería y correo en vehículos pequeños como los Kavalir de la ciudad de Liubliana (Eslovenia) e incluso, como propone la campaña de la Unión Europea Cyclelogistics, en cargobikes convencionales o con asistencia eléctrica al pedaleo. Este tipo de transporte cuenta, además, con la ventaja de poder acceder a lugares a los que otros vehículos de reparto normalmente no pueden acceder por su volumen, abaratando así el coste de la última milla, que es la etapa más costosa, al representar el 20% del coste total de transporte desde origen a destino.
Este planteamiento se enfrenta, sin embargo, a dos barreras. La primera es mental, puesto que la división entre la planificación urbana y la territorial se han separado de tal forma que resulta complicado dar con soluciones que sean razonables en la escala territorial y, a la vez, capilares y suficientemente respetuosas con la idea de que en las ciudades deben primar los usos menos agresivos con sus habitantes.
La segunda es económica, dada la necesidad de encontrar vías de financiación para unas infraestructuras que, desde luego, baratas no serían y también vías de diálogo que permitieran contar con la colaboración y la visión de todos los agentes implicados para consensuar una red viable económica, técnica y operativamente. Este último punto, la operación, debe desarrollarse pensando en el presente, pero también en un futuro próximo en el que el comercio electrónico sigue creciendo año tras año. Y, es que, por si todo lo comentado anteriormente fuera poco, a un sector ya de por sí en una encrucijada de la que parece difícil salir se le suman tres factores importantes que condicionan las soluciones a las que podamos llegar: en primer lugar, los picos de demanda en los servicios de paquetería que se disparan por campañas especiales y que hacen imposible una operativa normal de la logística, pues no podemos dimensionar los recursos para dos o tres puntas anuales.
En segundo lugar, un estigma autoimpuesto por el mercado como es el de las entregas ultrarrápidas que tensiona sin necesidad a la cadena de suministro –no está claro que sea una demanda real de los consumidores, pero la realidad es que cada vez se oferta más–; y en tercer y último lugar, la inexistencia de soluciones ligadas a la interconexión y colaboración entre todos los actores que intervienen en el proceso –usuarios, operadores de transporte, administraciones y ciudadanía– para que compartan conocimientos referentes al conjunto del sistema logístico desde diferentes perspectivas que permitan la mejora de aquellos puntos que presenten mayores problemas. Y, es que, aunque lo smart suela asociarse a la tecnología, a veces lo inteligente es simplemente sumar experiencias para dar con soluciones que satisfagan, si no a todos, al menos, a la mayoría.
Autor: Samir Awad Núñez
Fuente:http://urbanismoytransporte.com/wp-content/uploads/2017/09/4.-Tribuna_EV_1109.pdf
Publicado por: Maite Gomis Aznar
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